Tendremos que ser los funcionarios

La educación y la salud son derechos humanos. Como tales no resultan «rentables», según como se hagan las cuentas.

Atender a determinados enfermos y a determinados alumnos, bien por su «gravedad» o simplemente por su situación geográfica, puede ser un asunto caro. Sólo por esto ya debería verse que asegurar la provisión del derecho para cualquier ciudadano no puede quedar en manos de empresas privadas, que evitarán a estos, como ya lo hacen en los lugares donde está privatizada. Hace poco volvió a salir en las noticias que la primera causa de bancarrota en USA son las facturas médicas.

La redistribución de la riqueza no parece ser una idea que cale muy profundamente en todos los que están en el lado (injustamente) favorecido. Puede ser por puro egoísmo, pero también hay quien ha construido un relato de «merecimiento» y se lo ha creído, parece que sin conocer a quienes se parten el lomo tanto o más que ellos, y cuyo único demérito consiste en la diferencia sobre cuánto ha establecido la sociedad que debe cobrarse limpiando váteres o jugando al fútbol.

En un sistema público de provisión de derechos nos encontramos con la figura del funcionario, término malentendido por muchos… entre los que se incluyen, paradójicamente, demasiados funcionarios.

Para ser funcionario hay que pasar unas oposiciones, típicamente unas pruebas y una evaluación de méritos. Una vez superadas, el funcionario disfruta de una protección laboral superior al resto de trabajadores. Hay quien cree que lo segundo es consecuencia de lo primero y se equivoca. Muchos compañeros funcionarios creen que se «han ganado» esa protección laboral por haber pasado las oposiciones. Gravísimo error.

Las oposiciones tienen como objetivo escoger a los profesionales mejor cualificados para ejercer la función pública. Que conste que discrepo mucho en cómo se llevan a cabo, hablo de su espíritu.

La protección laboral tiene como objetivo que pueda ejercerse la función pública con independencia (política, intereses empresariales, presiones de superiores o usuarios, etc.), por eso también existe un régimen de incompatibilidades (y también con muchas pegas en su concreción).

Así que, como veis, todo está orientado a que la provisión de derechos sea efectiva. Es nuestra obligación como funcionarios defender el servicio, lo que significa, en el fondo, defender a los ciudadanos.

De esta forma, cuando voy al médico, cuento con que si me manda a casa porque «no tengo nada» no sea por ahorrarse pruebas o tratamientos, o porque su supervisor le ha dicho que no pase de un número determinado de resonancias. Y si realmente tengo algo, cuento con que me mande todo lo necesario sin tener otras consideraciones más que las sanitarias.

Me entristece tener que contaros esto, que debería ser de cajón, pero el momento es delicado.

En España los que se denominan «liberales», los que se retratan con símbolos fascistas y los que se denominan «derecha» parecen olvidar o no saber nada de lo dicho más arriba. Curiosamente, también aquellos votantes de menos recursos y para los que los sistemas públicos son la única garantía de derechos ante eventos graves, como un cáncer (algo que tiene o tendrá con mucha probabilidad uno de cada tres).

Los derechos civiles también están viéndose atacados y mermados, así como los laborales. La situación es bastante grave. (Sé que siempre es más grave en otros lugares, y sabéis que lo recuerdo por aquí de vez en cuando, pero, si me permitís el símil, también quien sólo tiene un hueso roto -y no un cáncer, necesita de que le curen).

Vienen tiempos difíciles donde servicios que llevan décadas siendo atacados y recortados, pueden recibir el golpe de gracia y quedar convertidos en algo testimonial y asistencial.

Un asunto que debería haber quedado claro por la historia o, al menos, por los sucesos más recientes, es que los recortes, los pasos retrocedidos en unas líneas de un boletín oficial, que aparece hoy, no se recuperan, o tardan muchos años.

Y, por fin llego al título del post: Tendremos que ser los funcionarios.

¿Quién debe encabezar la defensa de esos derechos, si el poder político no sólo nos abandona sino que verbaliza y actúa en contra de esos servicios públicos?

¿Quién en una situación laboral tan degradada tiene la capacidad de asumir huelgas y movilizaciones?

¿El puesto de quienes debe su razón de ser al servicio público?

¿Cómo puedo pedir a un falso autónomo, a un joven sin experiencia laboral, a quien sólo por cumplir 45 le han convertido en un parado de larga duración, a quien encadena contratos de días o semanas, a quien renueva cada año… cómo puedo pedirles que sean ellos los que se pongan a la cabeza y se jueguen el pan?

¿No tendremos que ser nosotros, los funcionarios, quienes no vamos a ser despedidos (o no «renovados») por hacer un día de huelga, quienes podemos asumir varios días de huelga en la seguridad de un sueldo que seguirá llegando?

Si aún, compañero funcionario, no lo ves claro. Te recuerdo que tu sueldo razonable, se convertirá en claramente insuficiente si te privatizan la sanidad. Un cáncer pasará a ser la ruina económica del que lo padece y la de su entorno familiar, como ocurre en tantos países.

Y, por último, te recuerdo también… que estás a un par de leyes de convertirte en un «contratado laboral» y en ese momento, ya será, probablemente, demasiado tarde.

Si sólo fuésemos egoístas o ignorantes, nos salvaríamos, porque defenderíamos lo público por empatía o por ser lo que nos conviene a nosotros, pero, lamentablemente, es muy frecuente padecer los dos males.

Compañeros, si encabezamos nosotros, con decisión, sin ceder aquello que representa la salud, los derechos de tus hijos, la vida o la muerte para muchos, quizá sirva para que la sociedad se nos una y reclame a los políticos que sean, efectivamente una representación del pueblo, que gestionen NUESTRO dinero para el mejor interés de todos y que nos defiendan frente a los que no les importa nuestro daño.

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